Investigadores y empleados de Google DeepMind están presionando formalmente a la directiva de la empresa para que elimine por completo las cláusulas de no difamación de por vida -informalmente conocidas como 'cláusulas de silencio'- en sus contratos laborales. Estas restricciones legales prohíben a los trabajadores criticar abiertamente a la compañía o revelar riesgos asociados a la inteligencia artificial, incluso tras su salida de la organización.
Una investigación periodística de The Washington Post reveló que contratos firmados por personal de la sede británica en Londres incluyen vetos indefinidos bajo amenaza de acciones legales. Ante la divulgación del documento, los empleados emitieron comunicados internos exigiendo garantías jurídicas de que no serán perseguidos por señalar eventuales fallos éticos o riesgos de seguridad en los modelos generativos.
Según declaraciones recogidas por la prensa especializada británica, los científicos argumentan que la obligación moral de proteger al público supera las exigencias corporativas. Un directivo de Google declaró que "la empresa no aplicará la cláusula contra los trabajadores que ya se han retirado", pero el personal actual exige la anulación total del texto contractual y no solo promesas verbales o cambios para nuevas contrataciones.
Por qué importa
La disputa legal expone la creciente tensión entre los compromisos comerciales de Big Tech y la autonomía de las comunidades científicas dedicadas a la seguridad de la IA. Si los propios creadores de la tecnología carecen de libertad legal para señalar vulnerabilidades o derivaciones peligrosas sin temor a repercusiones financieras, los mecanismos de supervisión pública quedan severamente limitados.
Según reporta AI Weekly, un ejecutivo de Google afirmó que la empresa no aplicaría la cláusula a los trabajadores que ya se habían marchado. Google, se indicó, también actualizó las condiciones para las nuevas contrataciones, eliminando la cláusula de no desprestigio posterior a la rescisión del contrato. Sin embargo, esto no es lo que pide el personal organizador: exigen que la cláusula se elimine por completo de los contratos vigentes, no solo para las futuras contrataciones.
Seán Ó hÉigeartaigh, director de ai-far.org en la Universidad de Cambridge, escribió en sucneta de X: "Los investigadores de Google DeepMind están sujetos a cláusulas de no desprestigio de por vida que les prohíben hablar críticamente de la empresa. Es algo que he confirmado con varias personas". Nathan Calvin, director de Estrategia de Encode AI, en su propia publicación, calificó la práctica de "verdaderamente espantosa" e instó a Google a liberar a empleados y exempleados de dichas cláusulas y obligaciones.
Los debates regulatorios en la región dependen en gran medida de las denuncias e informes presentados por científicos de datos independientes y exempleados con conocimiento directo sobre los sesgos, el impacto ambiental y las fallas de control en los modelos. La controversia impacta directamente la retención de talento especializado global. El descontento de investigadores de alto nivel por restricciones contractuales draconianas podría acelerar la fuga de científicos hacia startups independientes o instituciones académicas públicas, alterando el equilibrio de poder en el desarrollo de la inteligencia artificial general (AGI).
Contexto
El conflicto por las cláusulas de no difamación ocurre tras meses de roces y desacuerdos en la división de investigación de DeepMind. A finales de octubre de 2026, la renuncia de la ingeniera de investigación Sofia Liguori visibilizó las protestas por contratos militares de Google con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el gobierno de Israel, lo que reavivó la pugna sobre los límites éticos de la tecnología.
El dilema de los acuerdos restrictivos, en todo caso, no es exclusivo de Alphabet. Durante 2024, OpenAI enfrentó intensas críticas al descubrirse que imponía pactos donde los empleados salientes arriesgaban la pérdida de sus acciones (equity) si criticaban a la firma. La controversia pública obligó a Sam Altman a disculparse públicamente y anular dichas estipulaciones.
Desde la adquisición de DeepMind por parte de Google en 2014, los fundadores habían defendido una gobernanza ética independiente que incluía un comité interno de seguridad y el compromiso de no aplicar la IA a fines armamentísticos. Sin embargo, la reestructuración corporativa y la carrera comercial acelerada frente a competidores directos han provocado que la plantilla perciba el debilitamiento de aquellas salvaguardas iniciales.
