La transición hacia una administración pública digital y ágil en Colombia enfrenta una parálisis estructural debido a la persistente dependencia de los archivos físicos y a la ausencia de herramientas tecnológicas integradas para responder de manera eficiente a la ciudadanía. Durante el último año, el sistema judicial del país recibió más de 1,2 millones de acciones de tutela, de las cuales aproximadamente 437.000 —más del 35% del total— tuvieron su origen en presuntas vulneraciones al derecho fundamental de petición debido a la falta de respuesta oportuna por parte de las instituciones gubernamentales.
Ante este panorama crítico, Luis Alfredo Gómez, presidente de Innovatech, una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter público con sede en Cali, señaló que el problema de fondo radica en la carencia de plataformas modernas para la administración de archivos en las dependencias públicas. Según explicó el directivo, esta falencia es la causa directa del represamiento de solicitudes ciudadanas.
“Llega el derecho de petición por correo electrónico, pero muchas veces no existe una plataforma de gestión documental que cuente con inteligencia artificial para facilitar una respuesta rápida, y por eso el trámite termina en una acción de tutela”, dijo el ejecutivo.
Para revertir esta saturación, el directivo subrayó que es imprescindible modernizar el flujo documental en todas las capas del Estado mediante la incorporación de modelos avanzados de análisis de datos y automatización de procesos. La meta es pasar de la recepción pasiva de archivos a un modelo activo donde la inteligencia artificial clasifique, priorice y sugiera borradores de respuesta a los funcionarios en tiempo récord, reduciendo el volumen de litigios judiciales contra las entidades del país.
Por qué importa
La ineficiencia en la gestión documental estatal trasciende las fronteras de la burocracia y se convierte en una carga para el poder judicial en Colombia. Al saturar los juzgados con cientos de miles de tutelas motivadas únicamente por la falta de una respuesta administrativa a tiempo, se desvían recursos judiciales críticos que deberían destinarse a resolver causas complejas, afectando directamente la celeridad de la justicia a nivel nacional y la confianza del ciudadano en las instituciones públicas.
Adicionalmente, el problema expone una marcada disparidad tecnológica en el territorio colombiano. Mientras que las entidades de orden nacional y las administraciones de las capitales cuentan con infraestructura para habilitar trámites digitales, las alcaldías y gobernaciones de municipios de categorías 4, 5 y 6 operan bajo marcadas limitaciones presupuestales y técnicas, y deben cumplir con el mismo marco regulatorio y los mismos plazos legales que las grandes metrópolis.
Esta brecha dificulta la equidad en el acceso a la administración pública y perpetúa la exclusión en áreas rurales o apartadas del país. Como enfatizó Gómez al referirse a la distancia entre la formulación de políticas y la capacidad de ejecución local: “El marco jurídico que le compete a grandes ciudades con presupuestos billonarios es el mismo que tiene que cumplir un alcalde en una zona apartada con recursos mínimos. La reglamentación muchas veces está a 2.600 metros más lejos de la realidad de las regiones”.
El salto del archivo físico a un ecosistema completamente digital e inteligente en las instituciones públicas colombianas no será inmediato; Innovatech proyecta que la transición integral requerirá un esfuerzo sostenido y estructurado de al menos diez años. La hoja de ruta planteada no implica únicamente la digitalización pasiva o el escaneo masivo de hojas, sino la implementación de esquemas de organización archivística avalados por el Archivo General de la Nación, combinados con tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y modelos de inteligencia artificial alojados en la nube.
A corto y mediano plazo, el desafío reside en articular directrices nacionales de interoperabilidad técnica y estandarización para que los municipios pequeños puedan adoptar este software sin necesidad de inversiones multimillonarias e inalcanzables. Las soluciones SaaS (Software como Servicio) basadas en inteligencia artificial generativa y procesamiento de lenguaje natural surgen como la vía más rápida para nivelar la cancha entre las regiones y los grandes centros urbanos.
El impacto de este tipo de proyectos integrales ya cuenta con antecedentes positivos en el desarrollo territorial en regiones como el Valle del Cauca. En este departamento, intervenciones focalizadas permitieron llevar conectividad de banda ancha a más de 2.000 hogares rurales en 18 municipios del norte del territorio, al tiempo que se desplegaron plataformas impulsadas por software interactivo para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de escuelas públicas.
Contexto
El derecho de petición en Colombia es una herramienta constitucional que faculta a cualquier ciudadano a solicitar información o la resolución de un trámite ante autoridades públicas o entidades privadas. La falta de respuesta en los términos legales establecidos obliga a los ciudadanos a acudir a la acción de tutela, un mecanismo preferente de protección constitucional que debe ser fallado por un juez en un plazo máximo de diez días hábiles, lo que genera una presión desproporcionada sobre la rama judicial cuando se utiliza masivamente para suplir fallas administrativas.
En los últimos años, el Gobierno de Colombia ha promovido iniciativas normativas y marcos regulatorios orientados a consolidar la política de Gobierno Digital y la estrategia de 'Cero Papel'. No obstante, el principal escollo para la adopción homogénea de estas directrices radica en la falta de capacidad de integración entre los diferentes sistemas de correspondencia, la escasez de personal capacitado en gestión de datos en los municipios de menores recursos y la obsolescencia de los servidores locales.
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